CIAE valora de manera negativa los últimos datos aparecidos al respecto del comercio, las empresas y las familias.
Por un lado los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística acerca del Índice de Comercio al por menor de Junio, muestra un claro descenso en las ventas, siendo la tasa interanual del índice general de comercio minorista correspondiente al mes de Junio un 4,3% inferior.
Las empresas de reducida dimensión (pequeñas cadenas y empresas unilocalizadas) son quienes descienden sus ventas, mientras que las grandes cadenas y grandes superficies incrementan las mismas. Sin embargo, las empresas que más empleo destruyen son las grandes superficies, que a pesar de su incremento de ventas respecto a Junio de 2008 han reducido el mismo en un 9,1%, siendo la tipología empresarial que más empleo destruye.
Al mismo tiempo observamos que el número de quiebras de familias incrementa un 253% en su tasa interanual respecto al segundo trimestre del año anterior.
Aunque sólo el 5,5% de las quiebras de actividades económicas corresponde a personas físicas con actividad empresarial, hay que resaltar que el 44% de las empresas declaradas en quiebra son empresas con menos de 10 empleados, es decir microempresas.
Estos datos, muestran el grave impacto que la crisis está teniendo sobre la PYME y los autónomos, cuya maniobrabilidad ante la crisis es menor, ya que no cuentan con recursos financieros ante la misma, y como, sin embargo, continúan siendo el colectivo más comprometido con la sociedad, siendo su índice de destrucción de empleo inferior al de las grandes empresas, a pesar de contar con unas pérdidas de ingresos mayores y una peor situación financiera.
 

La Junta Directiva de CIAE valora positivamente la posibilidad de que el Gobierno apruebe en breve plazo el Proyecto de Ley que permita el cobro de una prestación por cese de actividad a los autónomos.
Aunque el período de extensión de la prestación por cese de actividad resulta pequeño.

Aunque el período de extensión de la prestación por cese de actividad resulta pequeño, y es discriminatorio con la proporcionalidad aplicada en el régimen general de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta ajena, la noticia es positiva ya que permitirá al colectivo de autónomos acceder a una demanda que venimos reclamando durante décadas las asociaciones de autónomos.
Lamentablemente, esta medida no podrá administrar protección frente a las graves circunstancias generadas por la crisis económica dentro del colectivo de autónomos, ya que supone un período de carencia de 12 meses desde la implantación del sistema. Del mismo modo, será difícil que muchos autónomos mantengan una actividad económica durante un año, si esta supone el 40% de los ingresos de pérdidas, por lo que consideramos que los autónomos individuales y los propietarios de microempresas tendrán muy complicado acceder a esta prestación.
Al mismo tiempo, CIAE considera acertadas las medidas que hoy aprueba el Gobierno para la contratación del primer asalariado por parte del colectivo de autónomos, así como las mejoras en la capitalización del paro de los jóvenes emprendedores.
Finalmente, debemos lamentar el sectarismo con el que el Ministerio de Trabajo e Inmigración, y la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas están abordando estas cuestiones, ya que están excluyendo de la mesa de negociación a entidades representativas de colectivos de autónomos, con el único fin de promocionar y atender las peticiones de tres entidades.

La Junta Directiva de CIAE se ha reunido con diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para trasladarles las propuestas urgentes que el colectivo de autónomos necesita ante la crisis económica.

La economía española esta compuesta, de manera fundamental por autónomos y pequeñas empresas, que son el tejido empresarial más directamente afectado por la crisis, incapaz de acceder a financiación y las inyecciones económicas directas, único colectivo que sigue adelantando el IVA al Estado (Recargo de Equivalencia), que está soportando impuestos referidos a una actividad económica sin crisis (Módulos), y que está sufriendo el impago de Administraciones y grandes empresas entre otros problemas.

El colectivo de autónomos pide una rápida batería de medidas que palien la carga impositiva que sufren los autónomos, y que posibiliten la obtención de recursos económicos provenientes de la Banca y el ICO, así como los cobros pendientes de las administraciones públicas.

Desde CIAE, observamos como imprescindibles las siguientes:

1. Posibilitar la cancelación total de las deudas pendientes de las administraciones públicas con los autónomos y pequeñas empresas.
2. Exigencia de responsabilidades políticas para todos los responsables públicos que incumplen la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, que están poniendo en grave riesgo a millares de empresas y familias.
3. Modificación del régimen del Recargo de Equivalencia para autónomos, que evite el pago “a priori” del IVA al Estado.
4. Revisión de los Módulos de estimación objetiva para autónomos, adecuados a la actividad económica provocada por la crisis.
5. Exigir la puesta a disposición de autónomos, pequeñas empresas y familias de los fondos destinados a la banca, con el objetivo de reactivar la economía.

Los diputados del Partido Popular han puesto de manifiesto su especial sensibilidad por la situación que atraviesa nuestro colectivo, mostrando gran interés ante las propuestas presentadas desde esta Confederación.

Ante la inminente reforma de la Ley de Comercio, CIAE denuncia los intentos del lobby de los hipermercados y sus corifeos de la Comisión Nacional de la Competencia (C.N.C.) para conseguir que la trasposición de la directiva de Servicios de la Comisión Europea desregularice el mercado de la distribución comercial.
Esta directiva europea va a suponer una nueva pérdida de mercado al comercio de cercanía, con lo que esto supone de pérdida de espacio empresarial, empresa y empleo, en plena crisis de consumo.
La desregulación del mercado conlleva el monopolio, la única traba que la nueva Ley pone a la instalación de grandes superficies es que los gobiernos autonómicos, puedan intervenir por “imperiosas razones de interés general, relacionadas con la protección del medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio artístico-histórico”. Esta capacidad reguladora de las autonomías le parece a la C.N.C. intervencionismo comercial, estando su posicionamiento a favor de los hipermercados es favorecer en exclusiva este formato de distribución.
La C.N.C. no ignora que el dominio de mercado que preconiza elimina éste, reduciéndose la competencia e imponiéndose productos y precios, esto no sólo perjudica al ciudadano, conlleva también la pérdida de empresas y empleo.

La reforma de la Ley de Comercio está a punto de cumplir sus trámites para ir al Parlamento.

Desde CIAE hemos realizado alegaciones y llamado la atención sobre el impacto negativo que tendrá la liberación de instalación de grandes superficies sobre el comercio de cercanía.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no ha analizado su repercusión en el sector y tampoco ha avanzado medidas que palien esta situación.

Desde CIAE llamamos la atención de que sin medidas que palien este impacto, los efectos del mismo, más la crisis de consumo actual con la bajada de las ventas, pueden llevar al sector a echar el cierre a más de 50.000 autónomos –pequeñas empresas.

El pasado día 24 el Consejo de Ministros dio por bueno el Anteproyecto de Ley que modifica la vigente Ley de Comercio.

La Directiva de Liberalización de Servicios Europeo o Directiva Bolkestein se va a aplicar en España al gusto de Lobby de las multinacionales de la distribución que opera en Bruselas.

La aplicación del Anteproyecto de Ley va a suponer para el autónomo-pequeña empresa un grave perjuicio económico y social.

En lo que va de año y producto de la crisis, han dejado el mercado de la distribución 20.000 autónomos-pequeñas empresas, y se prevén la baja en la actividad para finales de año de 50.000.

Este Anteproyecto de Ley que quita competitividad al sector y puede llevar a éste a la extinción de los que hoy conocemos como comercio de cercanía. Esta “liberación” del mercado de la distribución no hace más que facilitar la implantación de monopolios, con lo que esto supondrá para la diversidad de productos y fijación de precios para el consumidor.

El Anteproyecto de Ley no recoge la necesaria regulación de la nueva forma de venta con descuento que son los Outlet-Factory, a pesar de su necesaria regulación, como están otros tipos de ventas con descuento. Otro detalle de una Ley a la medida de determinadas empresas.

Como dato positivo es destacar que las Comunidades Autónomas mantienen la capacidad de intervenir por razones de interés general relacionadas con la distribución comercial como la protección del medio ambiente, el entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico artístico.

COPYME denuncia la intromisión del Tribunal de la Competencia en el desarrollo de la implantación de la Directiva Bolkestein en España.

Denuncia el intento una vez más de influenciar al Gobierno sobre el futuro de la distribución comercial española.

Denuncia el intento de restar competencia a las Comunidades Autónomas para facilitar aún más la concentración y el monopolio de los grandes operadores en la distribución española.

Denuncia el intento de influenciar para favorecer la venta en establecimientos financieros de cualquier mercadería y la desregulación del periodo de rebaja, para ejercerlo durante todo el año.

La prepotencia temeraria con la que se pronuncia la C.N.C en su nota de prensa traspasa con creces los límites de su competencia. Nos preguntamos el porqué de tan excesivo celo en la defensa de un mercado totalmente des-regularizado, cuando estamos inmersos en una discusión sobre las nuevas formas de control que debe de imperar en la futura economía.

Para COPYME es altamente preocupante y es proclive a inundarnos de desconfianza la insistencia de esta organización en intervenir en el mercado de una manera parcial.

Ayer, 31 de Marzo, la Junta Directiva Nacional de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español – CIAE, se reunió en su sede social de Madrid, para diseñar nuevas medidas que palien la grave situación en que se encuentran los autónomos y pequeñas empresas de España, y que complementen las medidas planteadas en el Congreso de los Diputados, que son insuficientes.

Las 7 medidas capitales son.

1.    Crear de manera urgente un Fondo del Gobierno dirigido a cancelar todas las deudas de las administraciones públicas con los autónomos y pequeñas empresas.
2.    Exigencia de responsabilidades políticas para todos los responsables públicos que incumplen la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, que están poniendo en grave riesgo a millares de empresas y familias.
3.    Exigir la actuación de los poderes públicos al objeto del cumplimiento de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, en especial, por parte de las Administraciones y grandes empresas.
4.    Ejecución superior al 80% del Fondo Estatal de Inversión Local del Gobierno (8.000 millones de Euros) por las pequeñas empresas y autónomos.
5.    Modificación temporal del régimen del Recargo de Equivalencia para autónomos, que evite el pago “a priori” del IVA al Estado.
6.    Revisión de los Módulos de estimación objetiva para autónomos, adecuados a la actividad económica provocada por la crisis.
7.    Exigir la puesta a disposición de autónomos, pequeñas empresas y familias de los fondos destinados a la banca, con el objetivo de reactivar la economía.

La economía española esta compuesta, de manera fundamental por autónomos y pequeñas empresas, que son el tejido empresarial que más está sufriendo la crisis, pues es el que más dificultades tiene para acceder a financiación, el que no está disfrutando de las inyecciones económicas directas, el que está sufriendo el impago de Administraciones y grandes empresas, el único que sigue adelantando el IVA al Estado (Recargo de Equivalencia), el que está soportando impuestos referidos a una actividad económica sin crisis (Módulos), entre otros problemas.

Así, exigimos la rápida actuación del Gobierno en defensa de su tejido empresarial mayoritario y principal generador de empleo y riqueza en nuestro país, pues de lo contrario estará desatendiendo las necesidades más perentorias de este colectivo, dirigiendo medidas, únicamente, hacía el gran empresariado.

El próximo día 31 de marzo la Junta Directiva Nacional de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español – CIAE, se reunirá en su sede social de Madrid.
En dicha reunión se ultimarán las propuestas en las que viene trabajando la Confederación para abordar la crisis financiera y de consumo que están padeciendo los autónomos-pequeña empresa.
Estas se harán llegar al Presidente del Gobierno y a la opinión pública el próximo día 1 de abril.
En CIAE consideramos que estamos en una crisis de tal magnitud de la que saldremos si todos, autónomos-pequeña empresa y Gobierno, actuamos en la misma dirección y para ello es necesaria la participación de todas las organizaciones de autónomos-pequeña empresa en el diálogo con el Gobierno, diálogo que no debe ser interferido por manifestaciones públicas, y menos si éstas se producen en periodos electorales y se confunden los intereses de los autónomos-pequeña empresa con los de los partidos políticos.

La Junta Directiva de APE-Galicia, organización representativa de los autónomos-pequeña empresa, en su reunión de ayer, acordó llevar a la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español – CIAE, las siguientes propuestas:
Que el Instituto de Crédito Oficial ICO, ante la inoperancia de la Banca y Cajas de Ahorros a la hora de dar crédito a los autónomos-pequeña empresa, asuma la financiación de Banca Comercial y facilite estos créditos a los autónomos-pequeña empresa.
Solicitar al Gobierno Central el fraccionamiento y aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social y el IVA sin intereses de demora ni garantía de aval.
La junta de CIAE, organización de autónomos representativa en todo el Estado, debe de presentar al Gobierno en esta línea de actuación para ayudar a los autónomos-pequeña empresa a salir de la crisis en que estamos inmersos.