El Congreso aprobó el jueves la Ley de reforma de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista para adaptarla a lo establecido por la Ley Omnibus, encargada de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, en beneficio del interés general. La ley mantiene la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de comercio interior, que podrán negar la apertura de un nuevo comercio basado en el impacto que el mismo tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano, en la conservación del patrimonio artístico, o en la ordenación del territorio y en la distribución comercial, suprimiéndose la definición de gran establecimiento comercial y evitando que la instalación de una nueva actividad pueda negarse por criterios económicos.

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